Presentan nuevos cargos contra Gloria Ruiz y la investigación suma imputados

El fiscal del caso Juan Narvaez presentó nuevos cargos contra la exvicegobernadora Gloria Ruiz y amplió la investigación por maniobras de administración fraudulenta en perjuicio del Estado provincial. Durante una audiencia realizada ayer, incorporó como imputados a S.R., P.A.S., P.S. y M.A.C., y además amplió las acusaciones que ya pesaban sobre la exsecretaria de Cámara de la Legislatura, María Isabel Ricchini, y la exprosecretaria administrativa, Élida Noemí Sánchez.

El juez de garantías Juan Manuel Kees dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo jueves para completar la audiencia. Esto porque resta que las defensas respondan a las imputaciones y que la fiscalía presente otro hecho. Una vez cumplidos estos pasos, el magistrado deberá definir si avala la formulación de cargos impulsada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) y analiza redefinir los plazos, dada la incorporación de nuevos imputados.

La investigación ya había derivado en la condena del excoordinador de Casa de las Leyes, Pablo Ruiz, quien el pasado 5 de junio reconoció su responsabilidad en maniobras de peculado y administración fraudulenta. Según sostuvo la fiscalía, la ampliación presentada hoy incorpora nuevos partícipes y un nuevo hecho vinculado a contrataciones irregulares realizadas durante la gestión de Gloria Ruiz al frente de la Legislatura provincial.

Big Sur

Uno de los hechos abordados en la audiencia está vinculado con la contratación de la empresa Big Sur Marketing, una maniobra por la cual Ruiz, Ricchini y Sánchez ya habían sido imputadas en octubre del año pasado.

En esta oportunidad, Narvaez presentó el hecho contra S.R., socio gerente de la firma, a quien le atribuyó haber prestado una colaboración indispensable para concretar una contratación directa que ocasionó un perjuicio económico de $45.012.000 al Estado provincial.

De acuerdo con la imputación, la contratación fue realizada por vía de excepción pese a que, por el monto involucrado, correspondía aplicar mecanismos de selección previstos por la Ley 2141. La fiscalía indicó que no existían razones que justificaran apartarse de esos procedimientos y que la empresa resultó beneficiada con una contratación que no cumplía los requisitos de excepcionalidad invocados.

Por este hecho, la fiscalía pretende que S.R. quede imputado por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública, en carácter de partícipe necesario.

Servicios gráficos

La fiscalía también amplió la investigación respecto de las contrataciones realizadas por la Casa de las Leyes con P.A.S. para la provisión de servicios gráficos, gigantografías, banners y materiales publicitarios.

Según Narvaez, P.A.S. fue beneficiario de 16 contrataciones por un monto total de $45.482.688,05, que fueron gestionadas al margen de los procedimientos previstos por la Ley de Administración Financiera.

La acusación sostiene que las prestaciones eran realizadas previamente y que luego se iniciaban los trámites administrativos para regularizar las contrataciones y habilitar los pagos. En esa maniobra, la fiscalía atribuyó intervención a Pablo Ruiz, ya condenado por este hecho, y a las entonces funcionarias Ricchini y Sánchez.

Por este motivo, P.A.S. fue imputado como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

Contratación irregular

En otro de los hechos que surgieron con el avance de la investigación, el fiscal del caso atribuyó a Gloria Ruiz haber intervenido, junto con Ricchini y Sánchez, en una contratación destinada a encubrir la continuidad laboral de P.S. como jefe del área de prensa de la Legislatura, luego de que fuera dado de baja formalmente de su cargo en abril de 2024.

Según la imputación, P.S. había sido designado como asesor de Presidencia y posteriormente desvinculado. Sin embargo, continuó desempeñando funciones como responsable del área de prensa, tanto en la coordinación interna del personal como en la relación con medios de comunicación, asesores legislativos y cobertura de sesiones.

Para sostener esa situación se contrató a M.A.C., pareja de P.S., mediante un contrato de locación de servicios que formalmente la vinculaba a tareas de asesoramiento en la Legislatura. Sin embargo, desde el MPF se afirmó que M.A.C. nunca prestó los servicios por los cuales fue contratada y que la contratación funcionó como una vía para canalizar pagos que beneficiaban a P.S., quien no podía ser contratado como proveedor del Estado debido a las restricciones previstas en la Ley 2141 para exfuncionarios.

La investigación determinó que entre julio y noviembre de 2024 la Legislatura transfirió a M.A.C. un total de $19.503.000 por servicios que nunca fueron realizados.

Delitos

Por este hecho, Narvaez modificó la acusación contra Gloria Ruiz y amplió las imputaciones que ya pesaban sobre Ricchini y Sánchez. Además, incorporó como nuevos imputados a P.S. y M.A.C., a quienes atribuyó haber colaborado de manera indispensable para concretar la maniobra investigada.

El equipo de la fiscalía de Delitos Económicos, que además del fiscal está integrado por la asistente letrada Tanya Cid y el asistente letrado Facundo Bernat, encuadró los hechos dentro del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública y sostuvo que las distintas maniobras investigadas ocasionaron un perjuicio millonario al patrimonio del Estado provincial.

Mañana, el juez de garantías definirá si las imputaciones detalladas por el MPF quedan avaladas, así como los eventuales nuevos plazos de investigación.