Siete personas fueron imputadas tras dos allanamientos por venta de droga en Neuquén y Rincón de los Sauces
El Ministerio Público Fiscal formuló cargos a siete personas en el marco de dos investigaciones por comercialización de estupefacientes que derivaron en allanamientos realizados en la ciudad de Neuquén y en Rincón de los Sauces.
Los procedimientos fueron llevados adelante por la fiscal del caso Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega, junto a personal de la división Antinarcóticos de la Policía provincial y permitieron avanzar sobre dos puntos de venta de droga que funcionaban en distintas localidades de la provincia.
Venta de droga en el barrio Gastronómico
En una de las investigaciones, el asistente letrado Pablo Jávega acusó a dos hermanos, identificados como E.O.Z. y F.G.Z., por comercializar estupefacientes desde una vivienda ubicada en el barrio Gastronómico de la ciudad de Neuquén.
De acuerdo con la teoría del caso, ambos imputados vendieron droga al menos entre el 21 de mayo y el 19 de junio de este año, principalmente durante la tarde y mediante operaciones realizadas tanto en efectivo como a través de billeteras virtuales. Según la investigación, durante ese período efectuaron al menos 20 ventas.
Los acusados fueron detenidos durante un allanamiento realizado el viernes por la noche. En el procedimiento se secuestraron 9 gramos de clorhidrato de cocaína, tres plantas de cannabis sativa, cogollos, una balanza digital, recortes de nylon, sustancias utilizadas para el estiramiento de cocaína, teléfonos celulares y $265 mil en efectivo.
La fiscalía les atribuyó el delito de comercialización de estupefacientes en carácter de coautores.
Por pedido del MPF, el juez de garantías Lucas Yancarelli impuso a E.O.Z. una detención domiciliaria por cuatro meses con rondines sorpresivos y monitoreo electrónico, mientras que para F.G.Z. dispuso comparendos dos veces por semana y la prohibición de acercarse al domicilio allanado. Además, ordenó el embargo de las cuentas bancarias y billeteras virtuales de ambos imputados.
Organización dedicada al narcomenudeo en Rincón de los Sauces
En una segunda investigación, la fiscal Silvia Moreira y el asistente letrado Pablo Jávega formularon cargos contra cinco personas acusadas de integrar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en Rincón de los Sauces.
Según la acusación, M.D.B. y M.B.B. ocupaban posiciones de liderazgo dentro de la estructura y controlaban la actividad ilícita, mientras que C.A.L., T.M.L. y N.S.M. cumplían funciones operativas vinculadas al fraccionamiento, distribución y venta de droga.
La fiscalía atribuyó a M.D.B. y M.B.B. el delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas y por desarrollarse en cercanías de establecimientos educativos y de salud. En el caso de M.D.B., además, se formularon cargos por tenencia ilegal de arma de fuego y encubrimiento.
Respecto de C.A.L., T.M.L. y N.S.M., la acusación fue por participación secundaria en el delito de comercio de estupefacientes agravado.
El juez de garantías Juan Pablo Encina tuvo por formulados los cargos, fijó un plazo de cuatro meses para concluir la investigación y dispuso medidas cautelares diferenciadas para los imputados.
Además, ordenó el bloqueo y embargo de las cuentas bancarias y billeteras virtuales de los acusados y la clausura por cuatro meses de un inmueble ubicado en calle Buenos Aires de Rincón de los Sauces, identificado por la investigación como uno de los principales puntos de comercialización de estupefacientes.
Plan Estratégico de Persecución del Microtráfico
Los procedimientos en ambas ciudades se llevaron adelante en el contexto del plan de lucha contra el microtráfico del gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad a cargo de Matías Nicolini, la Policía provincial dirigida por el comisario general Tomás Díaz Pérez y el Ministerio Público Fiscal, dirigido por el fiscal general José Gerez.
El plan fue implementado en febrero de 2025 tras la decisión del gobernador Rolando Figueroa, que permitió sancionar una ley provincial para el traspaso de la investigación de estos delitos del ámbito federal al provincial.