Se llevó un patrullero y lo abandonó en el río Chimehuin: fue imputada junto a su pareja

El fiscal del caso Hernán Scordo y la asistente letrada Lucía Lucero formularon cargos a un hombre, C. E. V., y a una mujer, L. G., por una serie de hechos delictivos cometidos en Junín de los Andes, entre ellos llevarse un patrullero de la Policía provincial que luego fue abandonado en el río Chimehuin.

Durante una audiencia realizada el jueves, los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitaron que ambos imputados permanezcan detenidos con prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Los hechos

De acuerdo con la acusación del MPF, el primer hecho ocurrió el 25 de agosto alrededor de las 11, cuando C. E. V. y L. G. se trasladaron en una motocicleta hasta una vivienda ubicada en la intersección de Namuncurá y Avenida Antártida. Ingresaron por una ventana y sustrajeron un televisor Smart TV de 50 pulgadas, una netbook, una tablet, un teléfono celular, cargadores y $890.000 en efectivo.

Por este hecho, fueron acusados como coautores de hurto en concurso ideal con violación de domicilio.

Al día siguiente, alrededor de las 11:30, ambos fueron a una vivienda de Avenida San Martín. C. E. V. le exigió al propietario que lo trasladara hacia Neuquén para vender elementos que habían sido sustraídos previamente. Ante la negativa, ambos ingresaron por la fuerza a la vivienda. Cuando un conocido del propietario que también estaba en el lugar intervino para intentar detener la situación, C. E. V. lo golpeó en el rostro y le provocó una herida con un arma blanca en la zona abdominal.

El delito atribuido fue lesiones leves.

El tercer hecho fue durante la madrugada del 27 de agosto, alrededor de la 1:26. C. E. V. se presentó en una vivienda ubicada sobre calle Mariano Moreno, donde horas antes se habían realizado diligencias judiciales vinculadas con una investigación que lo involucra. Allí mantuvo una discusión con los residentes y atacó con un arma blanca a una persona que intentó intervenir, provocándole una lesión en la zona abdominal.

También por este episodio fue acusado de lesiones leves.

Minutos después, mientras la Policía realizaba un operativo para localizarlo a él y a L.G, intentó escapar e ingresó al predio de una vivienda ubicada sobre calle Cacace. Durante la huida agredió con un elemento contundente a un efectivo policial, provocándole una herida cortante en una pierna.

Luego sustrajo una motocicleta de otra vivienda para continuar la fuga, hasta que abandonó el rodado sobre calle Gregorio Álvarez y continuó escapando por los techos de las viviendas, hasta que finalmente fue aprehendido en inmediaciones de Picunches y avenida Neuquén.

En paralelo, L. G. sustrajo un móvil policial Toyota Etios, identificado como JP-1558, y escapó a bordo del vehículo pese a las órdenes de detención y los disparos disuasivos efectuados por el personal policial.

El patrullero fue posteriormente hallado parcialmente sumergido en el río Chimehuín, en inmediaciones de avenida Costanera y avenida Neuquén.

Tras abandonar el vehículo, la imputada continuó la fuga hacia la zona del Parque Industrial, donde arrojó piedras contra el personal policial y dañó la carrocería de otro móvil.

Por estos hechos, a C. E. V. se le atribuyeron lesiones leves calificadas por haber sido cometidas contra personal policial, en concurso ideal con resistencia a la autoridad y violación de domicilio. Y a L. G. se le atribuyeron resistencia a la autoridad, en concurso ideal con hurto calificado de vehículo dejado en la vía pública y daño calificado.

Resolución de la jueza y medidas cautelares

Para fundamentar el pedido de prisión preventiva, Scordo y Lucero plantearon la gravedad y la reiteración de los hechos investigados, así como la existencia de riesgos procesales: peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación.

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Leticia Lorenzo, tuvo por formulados los cargos y estableció un plazo de dos meses para la investigación.

Respecto a las medidas cautelares, dispuso para C. E. V. y por ese mismo plazo la prisión domiciliaria –se rechazó la preventiva porque no existe disponibilidad para alojar detenidos en la Comisaría 23, según planteó el abogado defensor sobre la base de la información oficial, y la magistrada lo avaló-, y además fijó rondines policiales de control en la vivienda, hasta tanto sea posible colocarle una tobillera electrónica.

En relación a L. G. resolvió imponerle la prohibición de tener contacto con las víctimas y testigos de los hechos.

En la audiencia, el abogado defensor también planteó que al momento de controlar la detención de C. E. V y L.G, él tenía golpes y ella la ropa dañada. Pidió que desde el MPF se inicie una investigación y en la audiencia, la jueza de garantías, resolvió que se les tome la denuncia a ambas personas una vez finalizada la imputación.