Vuelven a rechazar pedido de prisión preventiva para cuatro acusados por vender drogas

El fiscal del caso Víctor Salgado insistió en un pedido para que cuatro personas imputadas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización en Chos Malal permanezcan detenidas mientras son investigadas, pero un tribunal de revisión rechazó el planteo por unanimidad y confirmó la decisión del juez de garantías Eduardo Egea, quien el 9 de octubre denegó el pedido de prisión preventiva.

La audiencia de revisión se realizó ayer. El tribunal estuvo integrado por la jueza Laura Barbé y los jueces Maximiliano Bagnat e Ignacio Pombo.

En representación del Ministerio Público Fiscal, Salgado y la asistente letrada Romina Travieso sostuvieron que las medidas de coerción impuestas por Egea eran insuficientes para evitar el entorpecimiento de la investigación. En particular, señalaron el riesgo de que las cuatro personas puedan ponerse de acuerdo e interfirieran en las declaraciones de dos testigos.

La fiscalía también cuestionó que el juez no hubiera dispuesto restricciones de contacto entre los coimputados. Explicó que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que todavía deben realizarse entrevistas, analizarse dispositivos electrónicos y profundizarse el examen de información vinculada con billeteras virtuales.

Por esos motivos, Salgado insistió en la necesidad de imponer la prisión preventiva de A.A.A., I.M.N., K.P.S.P. y L.F.A., quienes están imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En el caso de A.A.A., también está acusado por tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil.

Medidas vigentes
 
Al resolver, el tribunal revisor no hizo lugar a los planteos del MPF. Por el contrario, consideró que las medidas que impuso el primer juez que intervino para contrarrestar el riesgo de entorpecimiento de la investigación eran suficientes: la prohibición absoluta de contacto y de acercamiento a menos de 100 metros de los testigos.

De esta manera, la jueza y los jueces confirmaron por unanimidad la resolución del 9 de octubre y rechazaron el pedido del Ministerio Público Fiscal para que las cuatro personas imputadas permanezcan en prisión preventiva durante el proceso.