La fiscalía neuquina acusó a nueve personas por comercializar droga y pidió medidas cautelares

Por pedido de la fiscal del caso Silvia Moreira y del asistente letrado Pablo Jávega, nueve personas fueron acusadas por comercializar estupefacientes en tres domicilios en la ciudad de Neuquén. Uno de los imputados quedó detenido en prisión preventiva, cuatro en domiciliaria y los otros deberán comparecer en comisarías.

Durante la audiencia realizada en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso describió que G.O.S, J.M.S, N.E.P, G.P, L.G.M, E.A, F.M, L.P y K.A.R, junto a otras personas aún no individualizadas, vendían drogas (principalmente clorhidrato de cocaína) en diversos horarios, pero generalmente durante la tarde/noche, cobrando al contado y mediante billeteras virtuales. Realizaban esta actividad de forma organizada en tres domicilios de distintos barrios, ubicados en la capital provincial, al menos desde el 1 de julio hasta el 18 de septiembre.

A su vez, C.R, facilitaba parte de un inmueble de su propiedad para que los imputados comercializaran estupefacientes.

El delito que le atribuyeron los representantes del Ministerio Publico Fiscal a G.O.S, J.M.S, N.E.P, G.P, L.G.M, E.A, F.M, L.P y K.A.R es comercialización de estupefacientes agravado por la participación de 3 o más personas organizadas en calidad de autores (artículos 5 inciso “c”, 11 inciso “c” y 34 de la Ley 23.737, artículos 77, 45 y 55 del Código Penal, decreto 635/24 modificatorio 560/19 en función del artículo 1 de la Ley 3488). Por su parte, C.R fue acusado por el delito de facilitación de lugar destinado a comercialización de estupefacientes en carácter de autor (artículos 10 y 11 inciso “c” de la Ley 23.737).

Moreira y Jávega requirieron que se impongan distintas medidas cautelares para los acusados, para todos por cuatro meses y bajo el argumento de que existe riesgo de fuga por no sometimiento al proceso y peligro de entorpecimiento de la investigación en distintos grados: para G.O.S pidieron que quede detenido en prisión preventiva por cuatro meses; para J.M.S, N.E.P, L.G, E.A y K.A.R pidieron prisiones domiciliarias por el mismo plazo; mientras que para L.G, F.M, L.P y C.R solicitaron comparendos semanalmente en la comisaría más cercana a sus domicilios.

Por último, también fue solicitada la prohibición de comunicación y contacto por cualquier medio de todos los imputados con los testigos de los procedimientos y con los compradores, que estaban en los lugares al momento de la realización de allanamientos. Y finalmente se pidió la clausura de las casas de drogas por 120 días y el embargo los fondos en efectivo y cuentas de K.A.R y G.O.S.

El juez de garantías que dirigió la audiencia, Raúl Aufranc, avaló la acusación y dio por formulados los cargos. En relación a las medidas de coerción, el magistrado fijó las detenciones, los comparendos, las clausuras y los embargos, de acuerdo a lo requerido por la fiscal y el asistente letrado.

El plazo para que el MPF concluya la investigación penal preparatoria quedó fijado en cuatro meses.