Imputan a un camionero por causar la muerte de dos trabajadores estatales 

Un camionero fue imputado por causar la muerte de dos trabajadores estatales de la provincia en un siniestro vial ocurrido en la Ruta 7, en la localidad de San Patricio del Chañar.

La imputación la realizó hoy la fiscal del caso Guadalupe Inaudi durante una audiencia en la Ciudad Judicial, en la que planteó que el conductor del camión, E. E. B, no contaba con licencia habilitante al momento del hecho, tipo E-1, que es la necesaria para este tipo de vehículos.

De acuerdo a la teoría del caso que presentó la integrante del Ministerio Público Fiscal (MPF), acompañada por la asistente letrada Agustina Jarry, el hecho ocurrió el 1 de agosto de 2025 alrededor de las 8.30, en la intersección de la Ruta 7 y la Picada 16.

El imputado manejaba un camión Iveco, modelo Strail, con un semirremolque que transportaba combustible refinado. Iba en dirección hacia San Patricio del Chañar, desde la ciudad de Añelo, y a una velocidad de 88 kilómetros por hora, aproximadamente.  “Al llegar a esa intersección perdió el control del vehículo, invadió el carril contrario de circulación y colisionó un vehículo Sprinter Mercedes Benz que iba en dirección opuesta”, indicó la fiscal del caso.

El utilitario Sprinter Mercedes Benz era conducido por una de las víctimas, Juan Andrés Ceferino Fuentes, y como acompañante estaba la otra persona fallecida, Horacio Cofré. Un tercer ocupante, quien iba en la parte trasera, resultó herido con politraumatismos.

El delito que atribuyó la fiscal del caso a E. E. B fue homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor, por hacerlo sin la licencia habilitante y por ser más de una las víctimas fatales, en relación a Fuentes y Cofré; en concurso ideal con lesiones culposas graves agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo automotor y por hacerlo sin la licencia habilitante, en relación al herido, en calidad de autor.

Los abogados querellantes, en representación de las familias de las víctimas, adhirieron al planteo del MPF.

Como medida cautelar, desde el MPF se pidió que al acusado se le prohíba salir del país, y que tengan la obligación de presentarse una vez por semana en una comisaría de la provincia de Buenos Aires, donde reside actualmente. Esto por un plazo de seis meses.

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Natalia Pelosso, avaló la formulación de cargos, y el pedido de medidas cautelares.

El plazo para cerrar la investigación fue fijado en cuatro meses.