Homologan acuerdo de reparación integral por el derrumbe en el Cerro de la Virgen

Durante una audiencia realizada hoy en la ciudad de Chos Malal, las partes en la causa por el derrumbe ocurrido en el Cerro de la Virgen presentaron un acuerdo de reparación integral que fue homologado por el juez de garantías interviniente.

La resolución se relaciona con el derrumbe ocurrido el 1 de agosto de 2023 en el Cerro de la Virgen, en la ciudad de Chos Malal, en el contexto de la construcción de un puente sobre el río Curileivú y el acceso a la Ruta 43, a cargo de una empresa privada.

Como consecuencia del hecho, tres integrantes de una familia resultaron lesionados con distintos grados de gravedad (dos de las tres son menores de edad).

En septiembre de 2025, el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal jefe Fernando Fuentes y la fiscal del caso Natalia Rivera, formuló cargos por estrago culposo contra el presidente de la empresa constructora, L.L., y el director técnico de la firma, R.M., a quienes atribuyó haber actuado con negligencia e imprudencia al incumplir normas técnicas y de seguridad en la obra.

El acuerdo

El entendimiento fue alcanzado hoy entre la defensa de los imputados y la querella particular que representa a las víctimas del hecho, e implica el pago de tres montos de dinero en concepto de reparación.  Según se detalló, las sumas correspondientes a las dos víctimas menores de 18 años serán resguardadas judicialmente hasta que alcancen la mayoría de edad.

Originalmente, el acuerdo contemplaba la compensación económica a favor de las víctimas y el pago de los honorarios de los abogados particulares de la querella, pero excluía el pago de los gastos extraordinarios provocados por la realización de dos pericias específicas en el marco de la investigación: una geológica y otra sobre la obra de ingeniería.

El posicionamiento inicial del Ministerio Público Fiscal fue contrario al acuerdo, por no contemplar el pago de los gastos que demandó la investigación (las costas). El fiscal jefe Fernando Fuentes y de la fiscal del caso Natalia Rivera cuestionaron esa exclusión, y finalmente la querella y la defensa asumieron  ese costo en partes iguales:  $1.983.972 cada una.

Durante la audiencia, Fuentes explicó que, en consideración a la voluntad de las víctimas, desde el Ministerio Público Fiscal se accedió a avanzar en la resolución del conflicto primario mediante una reparación integral, pero que el pago de las costas extraordinarias era un requisito que debía cumplirse.

Tras un acuerdo intermedio de una hora dispuesto por el juez de garantías Eduardo Egea, la defensa de los imputados y la querella particular accedieron a hacerse cargo del costo de las pericias, por lo que la fiscalía dio el visto bueno a la propuesta.

La Defensoría de Niñez y Adolescencia ya había adherido al entendimiento, en representación directa de las víctimas menores de edad, por lo que, tras precisar los alcances, el magistrado homologó el acuerdo.

En la audiencia, las partes convinieron no difundir el monto de la reparación.

Una vez que se cumplan los puntos pactados, el proceso avanzará en la declaración de la extinción penal.