AFA participó del rescate de Nahuel Gallo pero el Gobierno podría iniciarle acciones por “traición a la patria”
María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, habló luego del regreso del gendarme al país y se refirió a las negociaciones de la AFA que lograron su repatriación “Es absurdo que se haya esperado 448 días para esto”, manifestó.
En declaraciones a Radio Rivadavia, la mujer aseguró que “no tiene mucha información” respecto a la gestión que hizo Claudio ‘Chiqui’ Tapia para la vuelta de Gallo a la Argentina y expresó que “lo único que sabe” es que “Nahuel subió a un avión porque hubo algún tipo de mediación”.
“Creo que Dios así lo quiso y creo que fueron instrumentos. Obviamente, estamos agradecidos con todas las gestiones que se han hecho para que Nahuel hoy esté sano y salvo con nosotros. Es un regalo bastante grande”, expesó.
Por otra parte, lamentó que haya pasado tanto tiempo porque, de haber comenzado esta misma gestión en diciembre de 2024, “se hubiera evitado mucho dolor”. En la misma línea, recordó que ella y su familia están pidiendo la liberación de Gallo “hace 14 meses” y cuestionó “por qué no lo hicieron antes, si tenían poder para hacerlo”.
Asimismo, sostuvo que “sin la detención de (Nicolás) Maduro por parte de (Donald) Trump la liberación de Nahuel no hubiera existido jamás: ni su liberación ni la de los presos políticos en Venezuela, lo veíamos lejísimos”, agregó.
El Gobierno quiere que la AFA explique sus vínculos con el régimen chavista
El Gobierno no descarta avanzar judicialmente contra la AFA bajo la figura de supuesta “traición a la patria” por los vínculos de la asociación del fútbol con Venezuela, después de que se conociera que la entidad que dirige Claudio “Chiqui” Tapia participó de las negociaciones para traer a Argentina al gendarme Nahuel Gallo.
“Sabíamos que estában allá y estaban interfiriendo en las negociaciones. Vamos a tratar de responder la pregunta quién y de qué forma: ‘sedicion’, ‘traición a la patria’, ‘espionaje ilegal’”, especularon en el Gobierno.
La Casa Rosada señaló que una “organización no gubernamental no puede intervenir en un país con una dictadura narcoterrorista, arrogándose una función de cumplimiento públicos”.